EL DERECHO DE LOS PUEBLOS (I)

Por Marta Domínguez Raya

 

La necesidad de un derecho internacional

 

La conquista de América (1492), a la que hoy en día llamaríamos invasión, provocó por aquel entonces una gran controversia sobre las maneras empleadas por los conquistadores españoles. Carlos V mandó convocar la Junta de Valladolid (1551-1552), para que ante un grupo de asesores formado por “teólogos y juristas y el Consejo Real de Indias”  se pudieran dirimir las disputas. El dominico Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda son ejemplos de dos maneras diferentes de entender y conducir la historia humana. Ginés de Sepúlveda defendía la idea de que la guerra era un derecho natural, que se correspondía con el Derecho eterno divino: exponía estas razones para justificar la guerra: el pueblo indio no era apto para regirse ni gobernarse a sí mismo, por ser adoradores de ídolos paganos y practicar el sacrificio humano —se refería exclusivamente a los aztecas—, por la obligación de expandir el catolicismo y porque, según él, la guerra muchas veces evita un mal mayor. El fraile Bartolomé de las Casas, que había estado en América, opinaba en cambio que los pueblos y las razas, por muy bárbaros que fueran, son gobernables siempre que el gobierno se ejerza mediante el saber y el amor, y no con los métodos execrables que empleaban los conquistadores; creía en la dignidad de la naturaleza universal de los seres humanos, basada en la firme convicción de una filiación —todos son hijos de Dios, formados a su imagen y semejanza— y una racionalidad común.

 

En esta primera mitad del siglo XVI, el dominico y jurista burgalés Francisco de Vitoria escribe su obra de referencia, titulada De iure belli. Está reconocido como el fundador del Derecho internacional: <<Toda ley debe ordenarse al bien común>>, afirmaba imbuido de teología aristotélica. Siendo la felicidad el fin de toda ordenación legal, cualquier ley que no atienda a este propósito es una ley tiránica, en cuyo caso <<tal ley no sería ley>>, y no comportaría la obligación de obedecerla, pues el tirano sólo mira a su interés particular, se olvida del bien común y viola el principio jurídico princeps non est solutus legibus —“el príncipe no está exento de cumplir la ley”—. Esta visión aristotélica que supedita la elaboración de la ley justa al telos de la felicidad de los hombres se complementa con la definición de Santo Tomás: <<La ley es cierta ordenación de la razón al bien común promulgada por quien tiene cuidado de la comunidad>>.

 

En De iure belli, también llamada La paz dinámica, Francisco de Vitoria propugna la unidad de los príncipes cristianos europeos, en un llamamiento que iba dirigido principalmente a los reyes de España y Francia, Carlos V y Francisco I. Esta unidad de Europa estaría basada en la integración de estados iguales y soberanos, en orden a un bien superior. El Derecho de guerra debe subordinarse al logro de este fin, en contra de las tesis del pacifismo erasmista. Vitoria defiende el concepto de “paz armada”  para promover la libertad de la Europa cristiana frente al peligro que representaban los otomanos —turcos—. No se debía fomentar el odio ni exterminar a los enemigos: el arbitraje internacional y la mediación del Papa aparecían como los caminos posibles para sembrar la paz y la libertad en Europa.

 

Respecto al tema de las Américas, Vitoria sostiene en su obra Carta magna de los indios que antes del descubrimiento los nativos eran dueños legales de sus bienes; que la situación de pecado, herejía o infidelidad religiosa no impide ejercer el dominio sobre sus propiedades, y que como seres racionales que son, también pueden ejercer el derecho a la propiedad privada. Nos habla de “títulos legítimos” o legitimidad: el derecho de sociedad natural y libre comunicación y comercio entre los pueblos, el mantenimiento de los indios en la fe cristiana incluso mediante la guerra, la necesidad de evitar leyes tiránicas, la libre elección por parte de los indios de la soberanía del rey de España, y la relación de alianza y amistad. Defiende que por Derecho natural todos los hombres son libres y en uso de esa libertad fundamental, los indios han de elegir libremente sus gobernantes; su derecho como pueblo a defenderse con las armas contra los que injustamente se apoderan de sus territorios o administran la república en su propio provecho o el de los suyos. Vitoria afirma que el derecho español a permanecer en las Indias se basa en el ius gentium de los romanos, sobre el cual edifica el Derecho internacional. A la vez informa que tanto el Derecho divino como la tradición de la jurisprudencia clásica recopilada por Justiniano, deslegitiman los abusos, la tiranía y las atrocidades de los conquistadores. Esta obra, en la tradición de la jurisprudencia, supone la carta constitucional de los indios y, por extensión, la primera Declaración Universal de Derechos Humanos.

 

En la primera mitad del siglo XVII fue el holandés Hugo Grocio quien consagró el Derecho internacional. Hijo de familia calvinista, sufrió persecución religiosa bajo el dominio político de los españoles. Huyó a Francia, donde ocupó importantes cargos públicos. Su pensamiento político se funda en la premisa antropológica de que el hombre es un ser racional que está llamado por la naturaleza a vivir en sociedad; al ser la convivencia un conflicto permanente nunca resuelto entre la guerra y la paz, el interés particular y el bien general, el Derecho natural se impone como fundamento de todo derecho positivo. Este ius naturae se funda en cuatro principios que todos los hombres aceptan, incluso antes de constituir la sociedad por medio del pacto: la buena fe, la honestidad, el derecho de la propiedad y la responsabilidad. Aceptando que la naturaleza es la madre del Derecho, una vez fundada la comunidad sólo el Derecho positivo, fruto de la racionalidad, es la garantía de la conservación del orden social pacífico.

 

La teoría del Derecho internacional de Grocio estaba destinada a regular las relaciones entre estados nacionales soberanos —en aquel entonces las monarquías absolutas se relacionaban mediante principios prácticos, cuando no con la ley de la fuerza—. También teorizó sobre el concepto de “guerra justa”, a saber, la defensa frente a una injuria, la recuperación de algo que ha sido arrebatado por la fuerza, o el castigo a un mal que ha sido causado. Históricamente la distinción entre guerra justa y guerra injusta se introduce en la Edad Media conforme iban desligándose los poderes civil y religioso, circunstancia que llevó al reconocimiento del Derecho civil a tomar sus propias decisiones, que podían ser conflictivas con los principios religiosos. Santo Tomás de Aquino definió la guerra justa como aquella que tenía como objeto restablecer la paz. En la actualidad, el Derecho internacional contempla la guerra como una manera de impedir el recurso a la fuerza que sea contrario al Derecho. Corresponde a la comunidad internacional —representada por la ONU— valorar si se dan razones suficientes para aplicar el Derecho de guerra una vez agotados todos los recursos.

 

El origen del Derecho internacional moderno cabe datarlo en referencia a Paz de Westfalia de 1648, que puso fin a la Guerra de los Treinta Años. Fue la primera gran conferencia internacional que consagró los nuevos principios y otorgó un estatus oficial a un proceso legislativo que se había iniciado en Europa un siglo y medio antes.

 

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